Desde hace más de 10 años hemos venido advirtiendo que nuestro país necesita con urgencia definir una política comprensible y firme con relación a la emigración haitiana, pues teníamos el presentimiento que las grandes potencias mundiales, especialmente Estados Unidos, estaban considerando el caso haitiano íntimamente relacionado al futuro de la República Dominicana.

Nuestras sospechas han quedado confirmadas en las últimas semanas, en las cuales se han presentado varios acontecimientos que no pueden considerarse como simple coincidencia.

El primero es la insistencia de la Fundación Kennedy en acusarnos de maltrato a los haitianos.

Posteriormente, la visita de dos ex presidentes de los Estados Unidos a las naciones que compartimos esta isla, las cuales si bien el objetivo aparenta ser humanitario y de mutua conveniencia para nuestros dos países, en el fondo subyace otro interés, el cual ha quedado evidenciado en las palabras de un alto funcionario del Departamento de Estado, quien declaró oficialmente que no se pueden tratar los problemas de Haití y República Dominicana como dos cosas aparte.

Por tanto, ya nadie puede llamarse a engaño. Los Estados Unidos y otras potencias mundiales ven la solución a la gravísima situación por la que atraviesa Haití, sacrificando el relativo bienestar que tanto trabajo nos ha costado, pues es obvio que si a la República Dominicana se le impone tener que absorber una gran parte de la población haitiana con todos sus problemas, esto tendrá un altísimo costo para nuestro país en términos de ingreso per capita, nutrición, analfabetismo, salubridad y eventualmente de seguridad ciudadana.

Sin exageración, es posible que nuestro país tenga un retroceso de más de 50 años, lo que nos obligaría a tener que empezar de nuevo, con menos esperanzas.

Estados Unidos tiene actualmente un estado fallido cerca de sus costas que les representa una amenaza potencial. Esa poderosa nación debe entender que la mejor forma de manejar el caso haitiano es si su vecino limítrofe mantiene un Estado fuerte y organizado, que le sirva de contrapeso en la isla.

La República Dominicana debe participar activamente en el desarrollo de la economía haitiana, pero no a costa de su propio adelanto.

El Gobierno dominicano debe enfrentar esta gravísima amenaza con toda determinación. Urge una gestión diplomática inteligente y convincente.

Urge también una determinación de que no podemos permitir que un caso del cual no tenemos ninguna culpa, arruine lo poco que ya hemos podido superar como nación.
Carlos Despradel es economista

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