La pasada semana la DPCA sometió a la justicia a tres ex funcionarios del Banco Central acusados de un desfalco de más de 10 mil millones de pesos.

Ante todo debo hacer dos aclaraciones. Primero, con los acusados no me une ningún tipo de vínculo, ni sociales, ni empresariales, ni políticos, excepto que cuando en muy raras ocasiones los veo, los saludo con afecto.

Segundo, desconozco la naturaleza técnica en que se fundamenta la acusación y consecuentemente no puedo referirme a ella con propiedad profesional. Sin embargo, por la forma y el tiempo en que se ha hecho la acusación, comparto la opinión de muchas otras personas, en el sentido de que las motivaciones de este sometimiento aparentan ser esencialmente políticas.

Aborrezco la corrupción, no importa de donde provenga, y me opongo a la tesis de borrón y cuenta nueva.

No obstante, en el caso de los tres acusados la lógica me indica que es muy difícil que hayan sustraído para beneficio propio una suma de 10 mil millones de pesos. Muchos han cuestionado la forma en que la gobernación de Malkún enfrentó el problema del fraude bancario descubierto en el 2003.

Incluso, a pesar de haber sido un alto funcionario del gobierno en ese entonces, no compartía las medidas que utilizó la Junta Monetaria para solucionar este caso, pero esa era su prerrogativa.

Además, se tiene que admitir que resulta imposible demostrar que cualquier otra alternativa hubiese sido preferible, porque para ello tendríamos que hacer retroceder la historia y volver a empezar.

Por lo tanto, siempre quedará la duda de si las autoridades monetarias actuaron correctamente, la cual se acrecienta cuando vemos las recientes medidas implementadas por los gobiernos de Norteamérica y de los países europeos para enfrentar la crisis que agobia la economía internacional, las cuales se han desviado de todos los parámetros que se tenían como referencia.

Por lo tanto, cuestionar a esos funcionarios por las medidas adoptadas para enfrentar la crisis, es admisible. Pero de ahí a acusarlos de que sustrajeron para beneficio propio la suma en cuestión, es otra cosa.

La capacidad técnica de algunos profesionales se puede poner en duda, pero su honradez es algo con lo que no se puede jugar a la política. Al Gobierno que no se deje llevar de consejos de algunos conocidos funcionarios y que se apegue estrictamente a lo que es correcto.
Carlos Despradel  es economista

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