En el poste de alumbrado al frente a una ventana de mi casa, un político del Partido Reformista colocó dos cartelones promoviendo su candidatura a diputado.

Eso es un desperdicio de dinero, porque nadie votará por él, no importa cuan bien o mal haya desempeñado su papel de diputado.

Lo más que puede esperar es que los electores voten por su partido, hecho que debería invitarlo a participar con los demás candidatos a diputados y regidores en una publicidad institucional en favor del partido.

Así alcanzarían los fondos que su partido obtiene de la ley electoral y no tendrá que desvestirse para mostrar al desnudo lo que busca con su elección, vender su alma a quienes entregan ayudas comprometidas.

Esa misma conducta despilfarradora la realizan candidatos de todos los partidos, como si con tal acción estuviesen directamente promoviendo sus candidaturas. Pero ellos saben que no es así.

Ellos se dan perfectamente cuenta que los votos no son suyos, pues la Ley Electoral Dominicana no distingue entre candidatos a cargos electorales, ya que expresa que lo que se suma en los distritos electorales son los votos al partido político, y que los votantes no tienen oportunidad de seleccionar los candidatos de su predilección, porque su voto necesaria y mandatoriamente tiene para el mismo partido.

Ese mecanismo no entrega representatividad electoral. No lo hace representante del elector, aunque se esgrima el absurdo argumento de que la acción es representativa porque así lo exige la Constitución.

Peor aún, los partidos políticos listan en orden de preferencia electoral (para consumo de la Junta Central Electoral) a sus candidatos.

Quien salga ganancioso no lo es porque se votó individualmente por él, sino por ser beneficiario de una fórmula aritmética de repartición de cargos entre los partidos.

Y eso no es voto directo.  No puede haber fidelidad ni rendición de cuenta al elector de quien vota por un conglomerado mixto de intereses, quien solo tiene obligaciones para con sus financiadores y su partido.

Este año el dilema es peor, si fuere cierto que un 30 por ciento de los candidatos provienen del narcotráfico, quienes usarían sus fortunas malhabidas para que el partido los coloque alto en la escala de preferencia electoral.

Eso resultaría, lo más probable, en que la Cámara de Diputados y las Salas Capitulares, tengan una casi total membresía de narcotraficantes.

Falta apenas seis meses para las elecciones.  Si el Estado con sus instituciones policiales y judiciales no logra desenmarañar este ovillo será mejor que empecemos nosotros a organizarnos para combatir el narco Estado.
Marcos R. Taveras es Consultor Empresarial
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