En los últimos días, la situación política del país ha sido modificada de manera sustancial.
Más de la mitad de la nueva Carta Magna ha sido aprobada en ambas lecturas y pronto el país estrenará una novísima Constitución.
Todo esto es muy bueno, pero ¿en qué favorece a la población?
Debemos, a fin de poder contestar cabalmente esa pregunta, analizar un aspecto notoriamente preocupante para todos los ciudadanos.
Me refiero al pacto de caballeros suscrito entre los dos partidos políticos mayoritarios, el cual modifica todo lo referente a la judicialización de los derechos colectivos.
Ahora, un ciudadano que desee exigirle a su país tener una administración honesta, o una fauna y flora bien cuidadas, tendrá que olvidarse de dichos anhelos.
Otro asunto es que esta reforma, salvo la primera etapa, no ha sido conducida por expertos constitucionalistas o gestores de políticas públicas, lo cual ha provocado contradicciones penosas en la reforma constitucional de marras.
Para darle respuesta a la pregunta expresa en el párrafo primero de este artículo, debemos observar que lo único que garantiza una reforma constitucional útil es tener derechos reclamables, exigibles y que se manifiesten en políticas públicas y programas tendentes a reducir la pobreza y las brechas sociales que afectan a la familia dominicana.
De nada vale tener un derecho si este no es judiciable. O si no existe un organismo que obligue al cumplimiento del mismo.
Y menos si usted no posee los medios para exigirlos, pues si ese fuera el caso, estamos ante la denegación de justicia, figura que es condenada en todos los tratados de Derechos Humanos que la República Dominicana como país ha ratificado y que se ha comprometido a evitar.
Por demás, requerimos gestores y administradores políticos, no politicuchos que se obnubilen por la pasión, sino personas pensantes que trabajen por los mejores intereses de la patria.
Pero existe una luz de esperanza. La sociedad se ha ido permeando, lenta pero progresivamente, de ideales y conceptos ciudadanos previamente desconocidos, por lo que eventualmente tendremos una praxis constitucional más minuciosa y legalista, siempre y cuando se siga educando a la población, o al menos existan planes que luchen contra la ignorancia, que es el mayor enemigo de toda aspiración de progreso de los pueblos libres.
Esa educación que el pueblo ha de recibir debe ser holística, ya que no sólo deben saber leer, escribir y demás, sino a pensar críticamente y percatarse que tras todo derecho existe un deber a cumplir para con la patria, sociedad, familia y para consigo mismo.
Néstor Saviñón es abogado
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