Dos casos recientes de criminalidad nos dan una idea de cómo las sociedades deben tratar a las víctimas de la delincuencia.

El caso de DSK en Nueva York y el caso de las comunicadoras Rosanna Rivera e Ivelisse Jorge  en Santo Domingo. En el caso DSK hemos podido ver el celo que han tenido las autoridades para proteger la imagen y la integridad física de la supuesta víctima.

En el caso de Rivera  y Jorge hemos visto cómo las autoridades han puesto en peligro la integridad física de las víctimas al dejar en libertad a los acusados y a las víctimas sin protección alguna.

Se podrá alegar la presunción de inocencia y en los casos de acusaciones a personajes famosos o millonarios se alegan también las dudas sobre los denunciantes.

Todo ese cóctel envuelve un grave conflicto para la sociedad, pues hemos creado instituciones jurídicas y de represión de la delincuencia para proteger a la sociedad y a los individuos en particular.

La pregunta es ¿a quién proteger prioritariamente? ¿A la víctima o al acusado?

En el caso de DSK, los jueces emiten una orden de protección que impide al acusado o alguno de sus representantes entrar en contacto con la víctima. Esa orden es permanente hasta que el caso se resuelva.

Si hay alguna violación de esta orden, el acusado puede recibir cargos adicionales en su contra, así sea que las acusaciones originales sean comprobadas o no.

La violación de una orden de protección es un crimen en sí misma. Los medios de comunicación en USA siguen una política de no publicitar el nombre de la persona, aún cuando no exista una orden que lo prevenga.

En RD hay que ser muy valiente, como Rosanna e Ivelisse, para dar la cara y denunciar e identificar a los agresores. Ir a un destacamento de policía a denunciar un delito es algo traumático; muchas veces te encuentras con que el agresor es quien te va a recibir la denuncia.

El caso de las dos comunicadoras dominicanas es grave, puesto que se han quedado expuestas a represalias, ya que la fiscalía ha dejando en libertad a los agresores identificados, sin que el Ministerio Público tenga ningún control sobre ellos una vez en la calle.

Es urgente que se cree un sistema de protección eficiente para las víctimas.

Los criminales se sentirán con ello menos poderosos y se podrá denunciar, evitando así la notoria impunidad que ahora existe.

Hay un proyecto de ley para proteger a las víctimas, a los testigos, familiares y funcionarios envueltos en la investigación, pero parece que sólo para aprobar préstamos que envía el Ejecutivo es que están nuestros legisladores.
Fernando Casanova es abogado