Cada año los dominicanos estamos pendientes del inicio de la temporada ciclónica y lejos de tener tranquilidad porque contamos con organismos de socorro eficientes y una población informada, no nos queda más que encomendarnos a la Virgen de La Altagracia para que las tormentas y huracanes no toquen la República Dominicana.

Si fuésemos una sociedad organizada y con autoridades que diseñen y apliquen políticas públicas de protección civil, como las tienen otros países, las cosas fueran diferentes.

La protección civil es un servicio público que debe ser garantizado por los gobiernos para proteger a las personas y sus bienes en situación de riesgo.

Entonces, debemos inferir que la República Dominicana, ubicada en la ruta de los huracanes, debe dedicar presupuesto para ese fin, como lo hace con salud, educación, agua potable y energía eléctrica. Pero a lo más que llegamos es a que los organismos de socorro, coordinados por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), actúen cuando la calamidad toca a las zonas vulnerables del país.

No podemos negar que quienes conforman el COE son técnicos preparados, que han recibido capacitación de organizaciones no gubernamentales y países que ven como prioridad la protección civil. Pero esa entidad nunca ha recibido un presupuesto suficiente para el manejo de emergencias y desastres.

La Defensa Civil, que coordina a los valientes voluntarios, recibe presupuesto pero es poco lo que hace para proveer un servicio de prevención y protección eficientes.

De seguir con ese panorama, cada año estaremos cuantificando las muertes y daños materiales que dejan las inundaciones y deslizamientos de tierra, que lamentablemente ya no sólo se presentan en temporada ciclónica, sino en cualquier época del año, por el cambio climático. 

Las acciones públicas de protección civil deben ser políticas que diseñe el Gobierno Central y que aterricen en cada municipio, para que la respuesta y mitigación de desastres sean provistas de manera oportuna.
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