Es de conocimiento general el incremento de los delitos donde la participación de los “menores” es cada vez más relevante.
Podemos aducir diversas razones que provocan estas conductas antisociales, ilegales y antijurídicas, como son la marginalidad y la falta de oportunidades en nuestro Estado, así como la destrucción de la familia como institución social, pero las mismas no sirven de eximente ante las aberraciones que se cometen en los últimos tiempos y que tienen como autores, cómplices o implicados de manera creciente a niños y jóvenes menores de 18 años.
En nuestro país la utilización de estos en actividades delictivas como narcotráfico, sicariato, robos, violaciones, desbordan las primeras páginas de los periódicos. La población se siente temerosa ante esta arremetida.
Recordemos que en “situaciones especiales” estos actúan como adultos amparados en leyes y códigos que les protegen, fundamentados en los convenios internacionales suscritos en materia de infancia y de la necesidad de garantizar oportunidades a las generaciones en ascenso.
¿Piensa igual un niño de la guerra de Ruanda o del Congo que un joven de las maras centroamericanas? Claro que no. En uno está el instinto de supervivencia, que le ofrece el ejército que lo recluta.
En el otro caso, el de las maras, está el “deseo” de una familia. La mara la substituye, le da dinero y drogas bajo un juramento de fidelidad y lealtad de por vida. ¿Puede el mismo Código aplicarse en ambos casos? Claro que no.
De igual manera, debemos adecuar nuestros códigos a nuestros tiempos y a nuestras sociedades, y no que sea la sociedad la que tenga que adaptarse a éstos.
El derecho es una ciencia social y dúctil, que debe acoplarse a las necesidades sociales de una sociedad específica en un tiempo y espacio determinados, en la cual rige. Todo que escape de esta concepción es un adefesio o una tiranía sin sentido.
En Estados Unidos de Norteamérica, dependiendo la gravedad del delito cometido por un menor, éste podrá ser juzgado como adulto dependiendo el peligro que represente para la sociedad.
Por igual, el cúmulo de penas representa, en principio, un freno para las apetencias de los malhechores y truhanes.
Este principio, el de juzgar a un menor como adulto ha sido adoptado por diversos países, incluido Francia, nuestra madre jurídica, al comprender que le da solución a un problema generado por la modernidad y que escapó de las manos de los codificadores napoleónicos del siglo XIX.
Esto conllevaría transformaciones en nuestros regímenes penitenciarios y penales que de no llevarse a cabo en un futuro cercano estaríamos incubando huevos de cuervo que mañana nos sacarán los ojos.
Pensemos en la víctima, en este caso, la sociedad, sin denostar los derechos del victimario.
Néstor Saviñón es abogado
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