Recientemente me llenó de estupor y dolor el leer que nuestro Congreso Nacional rechazaba la existencia de una jurisdicción constitucional.
El alegato, defendido por algunos sectores de la vida nacional, señalaba que no valía la pena crear un nuevo organismo cuando sólo se habían conocido unos 504 casos en 12 años en la Suprema Corte de Justicia.
Deseo aclarar un entuerto. La Suprema Corte de Justicia actual no deseaba que se le relegara a su único rol de administrar justicia, y ellos, que desconocen los principios del Derecho Constitucional, lucharon por mantener su categoría de “Tribunal de Garantías Constitucionales”.
Definitivamente lo lograron, despojando al país de lo que hubiese sido un mecanismo más idóneo de control del Estado que la Cámara de Cuentas o cualquier otro tribunal existente. Nuestros políticos se olvidan que la constitución es un cuerpo vivo, que día a día muta para satisfacer demandas sociales.
Una forma de que se canalizaran esas inquietudes sociales y se reconocieran y respetaran los derechos ciudadanos era a través de ese tribunal o sala, donde expertos constitucionalistas nos hubiesen encaminado hacia un país más justo y legal.
Pero ese legítimo derecho nos ha sido conculcado. Siempre se ha hablado de la canallada histórica de un Santana y de un Bobadilla para introducir el famoso artículo 210 a golpe de granaderos y cañones en el texto de la Constitución de 1844.
Esto, penosamente fue más vergonzoso. La razón expuesta es la escasez de recursos y el reducido número de casos existentes.
Si es por ello, debemos eliminar a los juzgados de paz, dado que menos del 10% de todos los casos del sistema judicial es conocido por dichos tribunales, o al famoso DEPRECO, que ha fallado miserablemente en condenar a todo corrupto que se procesa.
Creo que pronto recapacitaremos y podremos tener nuestra jurisdicción constitucional y nuestra jurisdicción administrativa, ambas necesarias para refrenar los potenciales excesos que pueda cometer el Estado en pleno uso de sus facultades.
Uno de los derechos sobre el cual más se ha escrito es del derecho a tener un juez natural y a tener acceso a un tribunal (denegación de justicia).
El Estado es nuestra sombrilla común, pero está dirigida por hombres que se pueden equivocar durante el desempeño de sus funciones, y peor, violentar la Constitución.
Por ello, un tribunal constitucional hubiese devenido en freno legal e institucional frente al Estado, obligando al mismo a moderarse y ser cada día más profesional y efectivo en la provisión de los diversos servicios que le brinda a la ciudadanía.
Néstor Saviñón es abogado
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