La educación pública dominicana es un desastre. No pasan seis meses sin que aparezca una evaluación comparativa internacional que nos avergüence como dominicanos por las posiciones que ocupamos.
Un estudio realizado por el Foro Económico Mundial en el 2008, nos colocó en el último lugar, entre 134 países, en lo referente a la calidad de la educación primaria.
Pocas semanas después, la UNESCO mostró que nuestros estudiantes de escuelas primarias públicas obtuvieron las notas más bajas en matemáticas, lectura y ciencias, entre todos los países de la América Latina y el Caribe.
¿A qué se debe esta realidad lamentable?
Primero, el excesivo centralismo de la política educativa. Hasta la compra de las tizas que utiliza una escuela pública es realizada por la Secretaría de Educación.
Segundo, el manejo corporativo del sector: las principales decisiones son tomadas por el Gobierno a través de la Secretaría de Educación, en negociaciones con los líderes de la ADP, en un marco salpicado por las presiones que emanan de nuestros partidos políticos.
Tercero, las escuelas públicas no disfrutan de autonomía para nada. El ambiente de trabajo en que se imparte docencia es terrible, tanto para los maestros como para los estudiantes. La infraestructura escolar está muy debilitada. U
na gran cantidad de planteles escolares muestra un marcado deterioro en su infraestructura básica. Muchos no cuentan con plantas de energía.
Miles de escuelas y liceos registran un déficit sustancial y creciente de pupitres, lo que obliga a reducir las horas de clases y obliga a niños y niñas a sentarse en el suelo o en blocks de cemento. Las facilidades sanitarias están deterioradas y en muchas escuelas son insuficientes.
En algunas, las niñas tienen que utilizar letrinas exteriores. En otras, existe un solo sanitario para más de 180 estudiantes.
El material educativo además de escaso, no exhibe la calidad que demanda el mercado global al que deberán insertarse las nuevas generaciones en el futuro.
Cuarto, los incentivos para los maestros son insuficientes. Mientras en la mayoría de los países del mundo, el maestro es considerado pieza esencial en la estrategia de desarrollo de una nación, aquí lo hemos convertido en la cenicienta del servicio público.
Los números hablan por sí solo. El salario promedio de un maestro dominicano no le permite sobrevivir, lo que ha llevado a muchos de ellos a tener necesariamente que incursionar en el pluriempleo para sostener a su familia. El maestro dominicano gana el 18% de lo que gana su colega chileno. Y no es que el chileno gane mucho.
Registramos un serio déficit cualitativo en el cuerpo docente. Mientras en Guatemala el 100% de los maestros cuentan con certificados para impartir docencia, en nuestro país apenas el 58% lo tiene.
Los bajos salarios pagados a los maestros dominicanos han dado lugar al problema de la selección adversa: los programas de magisterio ofertados por universidades e institutos atraen los peores estudiantes del bachillerato. Los docentes siguen emanando de los hogares de bajos niveles de ingresos y de escuelas públicas.
La culpa no es de los maestros. Son los políticos miopes, los responsables del déficit cualitativo que exhibe hoy el magisterio en nuestro país.
Los estudios realizados por el BID revelan también que los programas de capacitación de maestros no parecen haber mejorado la productividad y el desempeño. No todos los maestros están en condiciones de recibir un entrenamiento riguroso.
Quinto, los padres de familia se encuentran incapacitados para influir en las escuelas públicas donde asisten sus hijos.
Sexto, los esfuerzos de regionalización no han funcionado, pues han recreado las complejidades administrativas, sin mejorar la autonomía de las escuelas públicas, ni el rol de los padres. Lo que sí han logrado es abrir más espacio a los políticos.
Y séptimo, el Gobierno dominicano es el que menos invierte en educación entre todos los países de la América Latina.
El año pasado, apenas invirtió el 1.8% del PIB en educación (2.1% si se incluye la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología).
Aún corrigiendo por la sobrevaluación de nuestro PIB, invertimos menos de la mitad del promedio latinoamericano.
La reforma integral del sistema educativo es la más urgente y trascendental de las reformas estructurales, para poner en marcha una estrategia de desarrollo económico y social, que conlleve prosperidad a todos los hogares dominicanos.
Esta reforma debe promover una descentralización efectiva, que fortalezca el papel del usuario del servicio educativo, conceda autonomía a la escuela y focalice e intensifique el rol del Gobierno.
Para lograr el fortalecimiento del rol del usuario, específicamente de los estudiantes y sus padres, hay que proveer información sobre la calidad de la educación, información que puede obtenerse a través de exámenes nacionales que permitan medir y calificar cada una de las escuelas.
Los padres de los estudiantes deben tener participación en las decisiones, principalmente en la escogencia y despido del director de la escuela, tal y como se ha hecho, con buenos resultados, en el estado de Minas Gerais en Brasil.
Para dar autonomía a la escuela pública, la dirección debe contar con poder para tomar las decisiones operativas básicas, tales como: escoger, promover o despedir a los maestros; asignar los recursos presupuestarios entre personal, material educativo, mantenimiento y entrenamiento.
Los padres son los llamados a imponer la disciplina y la supervisión efectiva para garantizar que la escuela no abuse de la autonomía que se le otorgará.
Para focalizar e intensificar el rol del Gobierno debemos reducir la centralización burocrática, financiar adecuadamente la inversión, pagar por lo producido, no por los insumos.
La reforma debe incorporar mecanismos de evaluación efectiva de la capacidad de los maestros. Exámenes de certificación son una opción para maestros en ejercicio y aspirantes al magisterio.
Para los maestros no certificados y potencialmente entrenables, se requerirían pruebas de evaluación.
Los programas de retiro anticipado para maestros no entrenable, permitirían a éstos un retiro decoroso, mientras se crean oportunidades de trabajo a maestros mejor calificados, que posibiliten la educación de calidad que debemos alcanzar.
La creciente demanda educativa, la reducción en el número de tandas de trabajo de los actuales maestros, y los requerimientos de entrenadores daría como resultado un aumento en el déficit magisterial.
Para cubrir este déficit, se requerirá la contratación de entrenadores y profesores nacionales y extranjeros, especialmente, para el entrenamiento en enseñanza de matemáticas, ciencias e idiomas, precisamente las áreas donde nuestros maestros registran las mayores deficiencias.
El establecimiento de un nuevo sistema de remuneraciones y de incentivos, para atraer mejores candidatos al magisterio público, los programas de capacitación, la adecuación del ambiente de trabajo, y la dotación de equipos de alta tecnología para acompañar el proceso de aprendizaje (computadoras, internet, pizarras electrónicas en las aulas), demandarán un mayor esfuerzo fiscal por parte del Gobierno.
No es posible ejecutar la reforma integral del sistema educativo con los actuales niveles de inversión del Gobierno en educación.
La reforma requiere, por tanto, duplicar en los próximos 6 años la inversión actual que el Gobierno destina a la educación pública.
Los que creen que República Dominicana puede dar el salto a la economía del conocimiento y pasar de la exportación de manufacturas a la de mente-facturas, teniendo como fundamento el peor sistema de educación pública del mundo, no tienen los pies sobre la tierra.
Hay que reivindicar la educación. Hay que reivindicar al maestro dominicano. Ese es el camino seguro para alcanzar el desarrollo. Perdón, el único camino.
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