La intención de revisar algunos de los capítulos que comprende el DR-CAFTA ha primado en el interés tanto de los empresarios como en el de los gobiernos que lo constituyen.
Esa inquietud, que se generó con la misma conclusión de las negociaciones del Tratado, toma relevancia con las declaraciones del entonces senador Barack Obama, quien, durante su campaña electoral como candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, hacía compromisos para lograr el objetivo de que inversionistas extranjeros no reciban mayores derechos que los que perciben empresarios norteamericanos en su propio país, y para preservar la soberanía de las cortes norteamericanas.
En esas promesas el senador Obama hacía referencia a las concesiones que otorga el capítulo sobre inversión de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Tratados Bilaterales de Inversión (BIT por sus siglas en inglés).
En días pasados el congresista Sander Levin (demócrata por Michigan), quien preside el Sub-comité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, apoyándose en las declaraciones del senador Obama, convocó a una audiencia para revisar los beneficios que bajo el tema de inversión ha otorgado ese país a sus socios comerciales.
Durante la audiencia, y como parte del debate que se desarrolló en la misma, se ponderaba la validez del formato utilizado por el Representante de Comercio de los EE.UU. para las negociaciones del capítulo de inversión.
El ala demócrata del Comité cuestionaba el hecho de que los negociadores norteamericanos utilizaran un mismo modelo para todos los países, aludiendo que algunos de sus socios comerciales tienen cortes y procesos judiciales muy diferentes a los suyos.
También predominaron algunos temas como el relacionado a la resolución de controversias, sobre el cual algunos testigos consideraron que los inversionistas extranjeros pueden utilizar los recursos que les ofrece un TLC o BIT, ignorando los procedimientos legales domésticos, procediendo consecuentemente con demandas que no están permitidas bajo las leyes norteamericanas.
Igualmente hablaron sobre la preocupante posibilidad de que los inversionistas se amparen en los beneficios de un TLC o BIT para obtener compensación en el caso de expropiaciones indirectas.
Si a estos argumentos añadimos los intentos de la administración del presidente Obama por llevar a cabo una revisión al NAFTA, claramente concluimos que existe suficiente apetito dentro del Congreso para persistir con esta iniciativa.
Consecuentemente, las demás naciones signatarias de acuerdos similares debemos mantenernos muy atentos al desarrollo de estos temas, observando críticamente el tratamiento que durante el proceso las autoridades de comercio y el mismo congreso norteamericano den a México y Canadá, así como la reacción de estos dos países, ya que es muy posible que ese primer ejercicio se utilice como norma al revisar otros tratados.
Virgilio Mota es representante de DICOEX en Washington
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