El alcalde-actorcillo quiere más impuestos en su republiquita independiente. La Constitución consagra los principios para la implantación de los impuestos, y la forma de su  recaudación. Estos principios son las garantías que tienen los ciudadanos para poder evaluar la legalidad o no de los tributos, ya sean centrales o municipales. Cualquier tributo debe estar apegado a la Ley de Leyes que es la Constitución.

Recientemente el alcalde del ADN se ha destapado con la genialidad de tratar de cobrar un nuevo impuesto a los hoteleros radicados en su jurisdicción municipal. Los argumentos del alcalde explican que no van a cobrar impuestos sobre los beneficios, ni ITBIS, sino que están cobrando un arbitrio por el uso de suelo, uso de espacio y por el deterioro que causan al medio ambiente en el municipio; o sea, que por ahora él no va a cobrar impuestos sobre los beneficios, ni ITBIS, sino por estar radicados en "su república independiente", y por deteriorar "su medio ambiente".

El tema de los impuestos municipales está definido constitucionalmente, y no sólo está claramente definido sino que existe jurisprudencia constante y reciente sobre el tema; recordemos los intentos del Ayuntamiento del Distrito Nacional para cobrar impuestos a las comunicaciones mediante su resolución 163-98 y la resolución 130-62 para cobrar impuestos por el sector viviendas en violación a varios artículos de las leyes 18-88 y 3456.

Tanto en la formulación como en la ejecución de sus presupuestos, los ayuntamientos podrán, con la aprobación que la ley requiera, establecer arbitrios, siempre que éstos no colidan con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación, ni con la Constitución o las leyes; pero el caciquito Salcedo quiere cobrar impuestos por actividades que ya están gravadas, ¿de dónde se cree él que salen los recursos para Medio Ambiente y para Turismo?

El problema surge porque no hemos tomado las decisiones necesarias en cuanto a cómo debe estar organizada la administración municipal en estos nuevos tiempos. El problema viene porque sabemos, y no hacemos nada, de que en la Liga Municipal Dominicana hay gato entre macuto, si no fuera así, no sería posible que un senador electo varias veces renuncie varias veces para ocupar el cargo de "repartidor" en ese organismo, que sólo sirve para entorpecer las actividades de los municipios.

Nuestra sociedad debe exigir ya que el Congreso, los partidos políticos y los "líderes" de la sociedad civil dejen de hacerse los locos y resuelvan el cáncer que representa la Liga Municipal Dominicana. Si no, el pandemonium de ayuntamientos insurrectos es nuestro futuro.  El actorcillo-alcalde es una buena muestra de cómo se suben los humos a la cabeza.
Fernando Casanova y Llaca es abogado
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