La Ley 108-05 de registro inmobiliario vino a establecer un nuevo modelo organizacional para la jurisdicción de tierras. Nuestra legislación anterior había tocado fondo y no servía para impulsar el desarrollo nacional.
En adición a esa nueva ley, también se hizo un trabajo fantástico en el programa de modernización de la jurisdicción de tierras, mejor conocido como PMJT; pero los intereses económicos y, sobre todo, políticos no han permitido que ni la nueva Ley, ni el Programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras funcionen como se tenía previsto.
El presidente Fernández sometió apenas tres meses después de haber promulgado la nueva ley, un proyecto de modificación para volver todo a la situación anterior; ¿sus motivaciones? Estas: "Suscribí la promulgación, a pesar de las críticas que tengo sobre la misma con el propósito de satisfacer el interés público recogido en el proyecto de reforma que en su oportunidad patrociné al propósito de dotar a la sociedad dominicana de mecanismos que garanticen y protejan los derechos inmobiliarios. Es decir, si no hice uso en su oportunidad de las facultades organizadas en la Constitución fue para preservar los avances sustanciales que la nueva ley incorporaba".
Bueno, pues resulta que el Presidente promulga una ley que, según sus propias palabras, es del Interés público y que garantiza derechos inmobiliarios, para tres meses después y antes de su entrada en vigencia, enviar un proyecto de modificación de la misma ley para volver al estado de cosas en que estábamos y que el interés público quería cambiar.
¿Dónde estaba el problema? En quién tendrá el control de tres de los cuatro organismos que conforman la nueva organización jurisdiccional: el abogado del Estado que con la nueva ley estaría en la Comisión Inmobiliaria, la Dirección Nacional de Registro de Títulos, y la Dirección Nacional de Mensuras y Catastro, o sea, controlar quién mide, quién registra, quién cobra impuestos y quién da la fuerza pública.
Uno de los principales agentes en el desorden que ha habido en el país en materia inmobiliaria, es el abogado del Estado, permitiendo invasiones de terrenos de particulares, otorgando la fuerza pública en función de los intereses políticos y económicos del incumbente.
En donde hay un escándalo de fraude o falsificaciones de títulos, hay una combinación de agentes externos, gubernamentales y gente en el Tribunal de Tierras. La seguridad jurídica, sobre todo en un tema tan importante como la propiedad inmobiliaria, debe ser prioridad nacional, ya que el desarrollo del país dentro del contexto de globalización de los negocios está en juego.
Fernando Casanova y Llaca es abogado
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