El país fue alborotado por la genialidad administrativa de la Dirección General de Aduanas de cobrar por adelantado el ITBIS a las materias primas que llegan al país. Más genial son las declaraciones de Rafael Camilo, de que  “reconoce que el cobro del ITBIS en Aduanas fue una exigencia del FMI”.

Pero peor es el “pacto” a que llegaron los industriales con Aduanas en el sentido de permitir el cobro de unos impuestos ilegales “hasta final de año”, alegando que el convenio con el FMI, organismo crediticio internacional, fue firmado por un periodo de dos años y le restan 12 meses, “que luego de transcurridos se aplicará la citada legislación normalmente.”  ¿Pero cómo puede un país llegar a estos extremos? Ese chanchulleo institucional. Sus políticos, sus industriales y su gobierno no respetan las instituciones, no respetan las Leyes.

No respetan la Constitución, y hacen acuerdos y pactos para resolverse mutuamente sus intereses inmediatos. Se permite que el Gobierno firme acuerdos con organismos internacionales de crédito para cobrar impuestos en clara violación a las leyes.

El tema de los impuestos está definido en nuestra Constitución y leyes, y no sólo está claramente definido sino que existe jurisprudencia constante y reciente sobre el tema; recordemos los intentos del Ayuntamiento del Distrito Nacional para cobrar impuestos a las comunicaciones mediante resolución.

La Constitución dominicana consagra los principios que rigen la implantación de los impuestos, así como la forma de su  recaudación. Estos principios son las garantías para poder evaluar con certeza la legalidad o no de los tributos que reclaman los administradores.

El problema surge porque no hemos tomado las decisiones en cuanto a cómo están organizadas ciertas agencias reguladoras y colectoras del Estado. Se dan casos como el de la misma Dirección de Aduanas que posee una galería de arte con más fondos museísticos que la Galería de Arte Moderno, simplemente porque al anterior jefe de esa dependencia estatal le gustaba coleccionar arte.

El problema está porque lo dejamos así, lo dejamos pasar. Vamos dejando que las cosas sigan así porque somos amigos del administrador de turno, o porque le conviene a mi empresa o partido. Así se nos montan en nuestras narices aberraciones como la Liga Municipal. Si no fuera así, no sería posible que un senador electo tres veces renuncie las tres veces para ocupar el cargo de "repartidor" en un organismo que sólo sirve para entorpecer las actividades de los ayuntamientos.

Debemos exigir que el Congreso, los partidos políticos y los "líderes" de la sociedad civil dejen de hacerse los locos y resuelvan el cáncer que representa la aplicación de las leyes impositivas medalaganariamente.
Fernando Casanova es abogado y master en regulación economica