En las últimas dos semanas se produjo un extraordinario ruido mediático y social que afectó innecesariamente la imagen del Gobierno. Se trata del protagonismo que asumió el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, con el anuncio de un conjunto de medidas tendentes a reducir beneficios fiscales.
El ministro Bengoa anunció la indexación por inflación a los precios de los combustibles con base en un ajuste que no se aplicaba desde hace dos años. A eso se agregaba el traspaso de la administración de los precios de los combustibles desde el Ministerio de Industria y Comercio hacia el de Hacienda, además de volver a cobrar el ITBIS a las importanciones de materias primas desde Aduanas.
De inmediato la sociedad comenzó a quejarse, transportistas y empresarios se unieron en sus reclamos, porque se tenía entendido que la indexación a los combustibles afectaría seriamente los precios.
Finalmente, el presidente Leonel Fernández tuvo que ceder, se reunió con los empresarios y aceptó dejar sin efecto las medidas que se habían anunciado, menos la indexación a los combustibles. Precisamente la que motivó más quejas.
Pero una semana después de las quejas, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, en una breve exposición de poco más de 10 minutos, explicó que la indexación no tendría un impacto fuerte en los precios, que se aplicaría en un período de 13 meses, que en el caso más grave, el del gasoil, el aumento sería de 9 pesos el galón, lo que dividido entre 56 semanas de esos 13 meses resulta en 16 centavos de aumento semanal, lo cual puede ser perfectamente absorbido cuando bajan los precios y se torna insignificante cuando suben.
El problema estuvo en el afán de protagonismo del funcionario que hizo el anuncio de un ajuste por inflación en forma temeraria, sin haber calculado aún el impacto de la medida ni la forma en que se aplicaría, con lo que creó una confusión mediática y a la vez abrió un espacio excelente al sector empresarial para evitar eliminación de exenciones que sí tendrían un impacto fiscal importante para las finanzas públicas.
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