Los efectos del Sistema de Seguridad Social se diluyen para una parte importante de la población debido a la actitud de algunos actores de la red de servicios.

En lugar de conseguir los beneficios a que legítimamente aspiran en base a hacer más eficientes sus servicios y con ello atraer a un mayor número de afiliados, algunas Administradoras de Riesgos de Salud recurren a trucos y engañifas en detrimento de las clases más necesitadas. Son harto conocidos los casos en que afiliados de algunas de las numerosas ARS que existen en el país se ven privados de las atenciones médicas por tecnicismos que solo los ejecutivos de esos negocios —que es el calificativo más apropiado— son capaces de tratar de explicar o justificar.

Algunos desafortunados afiliados a la seguridad social han llegado hasta a perder sus vidas porque les han negado las atenciones médicas que han requerido en algunas clínicas, debido a estos tecnicismos que nadie entiende, condenados por la opinión pública y las propias autoridades oficiales del sector salud.

Y aunque menos graves, pero considerablemente mucho más numerosos e igualmente irritantes, son los casos en que dependientes de asalariados afiliados al complejo Sistema de Seguridad Social son privados de los servicios como consecuencia de un papeleo que solo persigue retardar los beneficios a que, por ley, tienen derecho esas personas.

Por ejemplo, tan pronto un adolescente cumple los 18 años de edad, es sacado automáticamente del núcleo familiar del afiliado principal.

Pero no se actúa con la misma celeridad cuando, apelando a lo que dice la ley, se envían documentos que avalan que esa persona cursa estudios y depende económicamente de su padre o madre (el afiliado principal), con el objetivo de ser reinsertado en el sistema.

Entonces se les solicita una serie de documentos y cuando éstos son enviados, se les habla de otros que nunca antes han sido mencionados.

Se les requiere la cédula, y si ese documento de identidad no ha sido expedido, el interesado debe esperar hasta entonces aunque cuente con un papel que entrega la propia Junta Central Electoral, a modo de certificación de que el portador está registrado en ese tribunal y su cédula está en trámites.

¿Por qué se penaliza al interesado,  cuando se posee un documento con carácter oficial, que sirve para evitar cualquier tipo de fraude? ¿Qué culpa tiene el interesado de la tardanza para expedir el documento, que muchas veces excede el plazo que el mismo tribunal fija?

Estas son solo algunas de las anomalías que se cometen. Las autoridades competentes deben ponerle coto a esa situación, que tiene graves repercusiones para muchas personas.
Enrique Mota  es periodista