Todos los dominicanos, sin excepción alguna, tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto y sin prácticas de exclusión que vulneren sus prerrogativas ciudadanas y constitucionales, aun aquellos que han tenido algunos conflictos con las leyes en el país o el extranjero, siempre que hayan cumplido sus penas y expiado sus culpas con la sociedad.

Por tal razón, no es posible que los connacionales que llegan deportados de Estados Unidos, por ejemplo, sean tratados en su país como parias, sufriendo de esta forma los efectos negativos de un estigma social de carácter inhumano que les impide reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Se trata de una situación injusta y a todas luces cruel, entre otras cosas porque les impide ejercer una prerrogativa fundamental que garantiza nuestra Carta Magna: el derecho al trabajo y, consecuentemente, la posibilidad de tener medios propios de sustentación para ellos y sus respectivas familias.

Otro aspecto igualmente inquietante que penosamente se ha perpetuado como una práctica tenida como rutinaria y normal, es el hecho de que todos son metidos en un mismo saco, como suele decir con mucha sabiduría el vulgo cuando se actúa de forma indiscriminada, ya que las autoridades ni la población establecen diferencias con respecto a sus antecedentes. Entonces, en ese tenor es lo mismo el que se vio envuelto en caso de drogadicción o venta de drogas que aquellos vinculados a situaciones de menor rango, aunque innegablemente violatorias de la ley, como faltas a las reglamentaciones de tránsito o cuestiones migratorias.

La actitud en general hacia ellos debe cambiar y no solo por humanidad, sino porque no se justifica negarles la posibilidad de rehabilitación social, sobre todo si han purgado sus faltas en el exterior, como podría comprobarse si se hacen depuraciones caso por caso.

Además de externar sus quejas de forma aislada y con marcada impotencia, porque generalmente no son atendidos por una especie de insensibilidad social, muchos de ellos han tenido el coraje de dar la cara e integrarse en una asociación que reclama el derecho de los repatriados.

Sin embargo, necesitan que sus planteamientos encuentren eco en diferentes sectores de la sociedad, entre ellos las organizaciones defensoras de los derechos humanos, porque entre estos dominicanos hay mucha gente buena que, tras haber flaqueado en un momento dado, están decididos a integrarse al trabajo honrado y a la convivencia civilizada.  Confiamos que el presidente Leonel Fernández, un hombre de probada sensibilidad humana, podrá impulsar alguna iniciativa para poner término a esta situación indigna e injusta.
Rafael Corporán de los Santos es productor de tv