A menos de cuarenta días para las próximas elecciones congresuales y municipales, cerca de tres mil funcionarios municipales y del gobierno central se mantienen en sus puestos sin que se sepa hayan solicitado una licencia. Datos suministrados por la propia Junta Central Electoral hablan de 2,565 empleados públicos que desempeñan posiciones importantes y que actualmente se encuentran inmersos en la campaña electoral en franca violación a la ley electoral.

De nada ha valido que el propio organismo electoral notificara a por lo menos 24 ministerios y ayuntamientos del país, sobre funcionarios de esas instituciones que en su calidad de candidatos están obligados a tomar una licencia. Esa violación al artículo 69 de la Ley Electoral por parte de los propios políticos, es lo que tiene lleno de desconfianza al ciudadano dominicano y lo lleva a asumir una actitud de indiferencia en los procesos electorales. Ese articulado es claro cuando establece el cese ipso facto, es decir automático, de las responsabilidades del funcionario en su cargo, tan pronto es proclamado candidato.

En el actual proceso electoral hay titulares de ministerios o de direcciones generales que son candidatos y sin embargo siguen al frente de las instituciones que dirigen en una franca y desafiante violación al artículo 69 de la Ley Electoral.

Porqué ocurre esa situación en nuestro país. Sencillamente porque no hay instituciones, porque la institucionalidad no existe en República Dominicana. Esa institucionalidad sí existe en otras naciones de nuestra región, donde no es necesario que un organismo se vea obligado a recordar la ley y su cumplimiento.

Vivimos copiando todo de otros países, sobre todo de Estados Unidos, sin embargo, no seguimos su ejemplo en materia democrática.

Lo grave de tener funcionarios candidatos no es el hecho en sí, sino lo que ello representa para el uso de los recursos de las instituciones donde se desempeñan como tales. Porque tomar una licencia lo privará de usar los vehículos de la institución, el combustible, el personal, tanto civil como militar, y le impediría estar compitiendo en condiciones mucho más favorables frente a sus adversarios. Aunque siempre se buscará la forma de seguir beneficiándose de su condición de funcionario (en licencia), por lo menos tendrá que guardar mejor las apariencias. Que faltan apenas 35 días para las elecciones. No importa, en la recta final es cuando más se gasta, y se necesita personal, vehículo, combustible  y todas las facilidades que otorga la condición de ser funcionario. Por tanto, la JCE debe hacer valer la Ley Electoral, no importa el funcionario que sea.
Daniel García Archibald es periodista