El pueblo colombiano ha estado sumido en luchas fratricidas antes de morir Gaitán. En gran parte, gracias a la histórica disputa entre liberales y conservadores.

Diversas causas, entre ellas la ausencia de canales de participación fuera de los partidos tradicionales antes y después de establecido el Frente Nacional (1958-1976), dieron vida a grupos guerrilleros como las FARC-EP. En 1984, durante la presidencia de Belisario Betancur, el Estado colombiano reconoce las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado y el carácter político de este grupo guerrillero. No obstante, la ausencia de un compromiso entre el gobierno y sectores sociales, así como el auge de grupos paramilitares dirigidos por el Ejército, truncó para siempre el diálogo.

La existencia de los grupos guerrilleros es motivo de discusión, unos defienden sus ideales, otros los llaman narcoguerrillas. Sin entrar en ese terreno, sí podemos afirmar que las causas que dieron origen al conflicto siguen vigentes, y que los grupos paramilitares, después de la tan mentada “reinserción social” son un poder dentro de Colombia representado en el Congreso, gobernaciones y alcaldías con base en el amendrentamiento de la población. A Venezuela le afecta el conflicto colombiano desde diversos frentes, pero desde su posición de país vecino con lazos históricos innegables, ha colaborado –acertada y desacertadamente– para paliar sus consecuencias. De eso da cuenta el recibimiento de grandes contingentes de desplazados producidos por la violencia paramilitar.

Decir que los US$25,000 millones que emplea Venezuela para comprar armas a Rusia significa una “afrenta a los más de 100,000,000 de latinoamericanos indigentes” (amén de que el monto citado es exagerado) es no sólo desconocer las necesidades que en materia de defensa tiene Venezuela –sobre todo con siete bases estadounidenses instaladas en Colombia– sino pasar por alto las incontables muestras materiales de solidaridad que el pueblo venezolano ha tenido con los hermanos de nuestra América: construcción de infraestructura en Haití antes y después del terremoto, condonamiento de su deuda, Petrocaribe, Misión Milagro, recuperación de fábricas en Argentina, sin mencionar los proyectos adelantados en el marco del ALBA.

El pueblo colombiano ha aportado una cuota grande de dolor y sangre, sí, gracias a que sus gobiernos han financiado la guerra y no la paz. Si en lugar de armas, tanques y mercenarios, los miles de millones del Plan Colombia se hubiesen destinado a construir escuelas, centros de salud y puestos de trabajo, la superación de los niveles de pobreza y exclusión le habrían quitado la base política a los grupos insurgentes, y dignificado a sus ciudadanos.
Patricia Brito es historiadora