Toda ciencia social busca una identidad con el ser humano, pero ninguna es tan vinculante como la rama política cuyo desarrollo en la República Dominicana se empezó a recibir en forma académica por la década de los 60 del pasado siglo en un ambiente donde se distinguían dos líneas de pensamiento contrapuestas, una que pregonaba la capacidad individual para lograr la superación personal y otra que difundía el igualitarismo en función de un estado centralizador.

Durante casi medio siglo este choque de ideas se libró desde los centros estudiantiles a través de una juventud ilusa que expresaba sus aspiraciones de una sociedad uniforme en manifestaciones públicas o clandestinas que eran enfrentadas por una clase conservadora que mantenía los criterios de libertad del pensamiento recogido de las mayorías a través de procesos electorales.

En los momentos actuales se hace difícil encontrar una filosofía dentro de los partidos políticos que nos permita establecer una diferencia conceptual al momento de inclinar nuestros apetitos, lo cual, no solo resta interés en el elector, sino que incentiva las prebendas como elemento clientelar de los candidatos como si se tratara de una actividad mercurial o de simple comercio. A todo esto el órgano electoral no ha llegado a comprender su verdadero rol dentro de la diálisis social que necesita nuestro país para evitar que se continúen confundiendo los valores morales con los valores económicos bajo excusas de insuficiencia estructural o institucional, del cual solo recibimos tímidos esfuerzos como el reconocimiento del derecho constitucional a ser elegido expresado recientemente por el contencioso de la Junta Central Electoral a un aspirante a diputado.

Es por ello que observamos con tristeza como nuestros principales dirigentes políticos asumen falsos empoderamientos para proponer a sus amigos, allegados o inversionistas en cargos electivos de los cuales ni siquiera se consulta a las personas que éste va a representar.

En ese sentido se hace necesario que la política sea vista como una profesión para la cual se requiera aunque sea un seminario como prerrequisito para optar por un cargo electivo, donde las escuelas o universidades establezcan los lineamientos de su ejercicio, de modo que la ciudadanía pueda disponer de regidores, síndicos, diputados, senadores, etc. preparados para el cargo en base a una formación ética orientada al servicio público.

Solo de esta manera evitaremos que usureros, aventureros, traficantes, extranjeros y analfabetos se inserten como candidatos al fragor de las contiendas electorales que hoy en día, más que una selección de personas con vocación al bienestar social, se han convertido en espectáculos preparados para encubrir la complicidad de nuestros políticos.
Rafael Franco Guzmán es abogado-periodista