El interés de la Cámara de Cuentas por concluir una auditoría en la Junta Central Electoral (JCE) antes del 30 de abril de este año puede representar una complicación para los organizadores de las elecciones legislativas y municipales, sobre todo en esta ocasión en que tiene que preparar la logística y cuantificar el resultado de las votaciones en 31 provincias, el Distrito Nacional, 155 municipios y 228 distritos municipales, que son la novedad.

¡Todo para el 16 de mayo! Son, obviamente, unas elecciones mucho más complicadas que las presidenciales, de manera que no luce conveniente que los magistrados y el personal que tiene que consagrarse a preparar unos comicios limpios y ordenados, quede atrapado entre auditores. Es fundamental que la Cámara de Cuentas audite todas las dependencias del Estado que manejan fondos públicos, porque esa es su misión, pero éste no parece ser el mejor momento para cumplirlo.

La Cámara de Cuentas bien puede ir haciendo auditorías en el Congreso, que pronto una parte de esos legisladores se van y todos manejan un “barrilito” totalmente inconstitucional, porque quien aprueba los impuestos, ni puede cobrarlos, pero mucho menos administrarlos, si no es una dictadura; que haga auditorías en los cabildos grandes, como el del Distrito Nacional y los tres de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís… porque de los pequeños se ha ocupado mucho.

En un país donde hay funcionarios que manejan ellos solos sus organismos descentralizados e invierten hasta mil millones de pesos en una provincia, no hay necesidad de ir a un organismo colegiado, donde son públicas las contradicciones entre los jueces como es el caso de la JCE, a apurar una auditoría en plena organización de unos comicios, complicados por demás.
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