La decisión que acaba de tomar la Dirección General de Aduanas de prohibir la exportación de materiales de cobre hasta tanto se organice el sistema de recolección que determine de dónde proviene y que esa procedencia sea legal, constituye un respiro para las empresas proveedoras de servicios telefónicos, entre otros estafados, seriamente afectadas por el robo de cables.

Esa prohibición, adoptada por el director de Aduanas, Rafael Camilo, y anunciada en una conferencia de prensa junto a ejecutivos de las empresas telefónicas y del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), también puede contribuir a llevar tranquilidad a miles de familias residentes en barrios marginados, zonas suburbanas y rurales donde no llegan las redes normales de electricidad, pero que los habitantes en estos lugares compran pedazos de cables para conectarse.

Es penoso ver cómo un grupo de bandidos llega a una aldea, a una finca o a una instalación pública en horas de la madrugada y se roba todo el cableado dejando a las personas a oscuras, plantas de bombeo sin conexión y otros daños por el estilo.

Siempre es odioso prohibir, pero en vista de que aquí se necesitarían dos policías por cada delincuente vulgar, no es fácil encontrar una solución de otra forma.

Lo que realmente está pasando ahora con el robo de cables es lo que ya pasó con la sustracción de tapas del sistema soterrado de drenaje en la ciudad de Santo Domingo, que ha sido convertida en un peligro porque ha quedado destapado y en esos vacíos caen personas, animales y vehículos, provocando daños y heridas.

Como recordarán, el mismo emblemático machete de la estatua del generalísimo Máximo Gómez, en la avenida que honra su nombre, también fue robado.
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