Dos devastadores terremotos han causado muerte y destrucción en los primeros dos meses del año. El primero azotó Haití el 12 de enero y el segundo a Chile el 27 de febrero de 2010. Cuando se sacudió Puerto Príncipe, quedó en evidencia que la fragilidad de las construcciones públicas y privadas constituyen una trampa que puede costar la vida a miles de personas en menos de un minuto y dejar sin techo, medicinas, transporte y alimentos a millones de seres humanos en un territorio pequeño.

En Chile, enclavado en un territorio donde los temblores de tierra son cotidianos, lo que mayor daño humano provocó fue el tsunami que se sucedió poco tiempo después de la sacudida de 8.8 grados en la escala Richter. Como la tragedia de Haití tocó tan cerca a los dominicanos, dos comportamientos inmediatos se dejaron sentir: una disposición de solidaridad que nadie se sospechaba y una preocupación por las consecuencias de un evento similar aquí. Inicialmente comenzó a hablarse y a escribirse sobre la necesidad de formular un plan preventivo ante la eventualidad de un terremoto. ¿Qué puede hacerse antes de que se registre? Adoptar las medidas que otros países han puesto en práctica y que han preservado la vida de sus ciudadanos.

Un programa de Naciones Unidas, ejecutado en India, demostró que incrementando 4% al presupuesto para la construcción de escuelas, se logró un reforzamiento de vigas y columnas para hacer los edificios resistentes a sismos superiores al que afectó a Chile. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno dominicano sin pérdida de tiempo para evitar que un gran sismo provoque daños materiales mucho más costosos de reparar que lo que cuesta construir planteles reforzados. La desgracia sería la muerte de personas.
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