Hay un aspecto importante relativo a los divorcios en el país  que, a mi juicio, amerita que los congresistas revisen.

Sabemos que el divorcio es un asunto muy serio. Significa  no solo el fin de una relación sino también cambios que afectan toda una familia y la sociedad.

En nuestro país,  a un matrimonio de 5, 10, 20, 40 años o más, le ponen el punto final legal en menos de dos meses y hasta en  tres días.

Lo hacen al vapor. Eso no debe ser. No hay tiempo para la descarga emocional, la justa distribución de los bienes, que los hijos asimilen el cambio.

Por eso, los divorcios, dolorosos en sí, generan traumas incurables, odios incontrolables, grietas irreparables en las parejas.

Recordemos que el matrimonio conlleva  una dinámica diaria donde se mezclan afectos, confianza, todo tipo de sentimientos e intereses.

Con el correr del tiempo, crea un hábito, un estilo de vida,  genera seguridad.

De ahí que cuando por cualquier motivo una de las partes o las dos, deciden disolverlo, produce una desestabilización general. Todo el sistema se  derrumba o tambalea. Los divorcios rápidos,  impiden la decisión serena y juiciosa.

En parte son responsables de  agresividades y rencores entre las parejas,  conducta errada de los hijos, delincuencia en la sociedad y hasta que se prefieran uniones sin casamiento.

Necesitamos que los organismos encargados de administrar justicia y hacer las leyes de la nación, contribuyan a que el proceso del divorcio sea  menos traumático.

Una forma de lograrlo es exigiéndole a la pareja, por ley, un lapso de tiempo determinado para el inicio formal del proceso.

Ese tiempo se hace más necesario, en países caribeños como el nuestro, de tierra caliente, de cultura machista, donde se vive en función del qué dirán.

Conozco de naciones en Europa, de ambiente calmado y leyes inviolables, donde las  parejas, para iniciar legalmente el proceso de divorcio, deben demostrar que han estado físicamente separados desde hace un año.

La idea es que durante ese tiempo, las partes se organicen, asimilen lo que sucede, canalicen sus emociones, decidan sin presión el futuro y estabilidad  de los hijos.

Todo fluye con tranquilidad, sin estrés, sin presiones ni  malabares  que tienden a  engañar al más débil en ese momento.

Da tiempo a que los dos se repongan y actúen con serenidad. Me permito sugerirle a los señores miembros del Congreso de la República, que estudien la posibilidad de que no importa el tiempo que tenga la pareja  de casados, se exija que el proceso de divorcio  se inicie, por lo menos, seis meses después de haberse separado físicamente o de haber hecho la solicitud del mismo.

Que solo después de haber pasado ese tiempo de reflexión,  los abogados inicien  el proceso legal y hagan la famosa “reunión de posible conciliación”. Que esta no sea un simple requisito a llenar justamente en el momento de más aturdimiento sino una real intención de que así sea.
Venecia Joaquín  es comunicadora social